Por Matías Longoni
En la más completa informalidad legal transcurre desde 2008 el trabajo de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), uno de los organismos preferidos del matrimonio Kirchner y el más temido por el sector agropecuario.
Ya no responde a quien debe responder. Sus funciones actuales exceden largamente a las definidas por los decretos que la crearon. Y hasta incumple con la obligación de definir su estructura. “Solamente falta que pase a la clandestinidad”, ironizaba días atrás un ruralista.
La ONCCA depende formalmente de la Secretaría de Agricultura, pero Carlos Cheppi ya no tiene ni voz ni voto en las decisiones. Al ser nombrado titular de la AFIP, el ultrakirchnerista Ricardo Echegaray decidió llevarse consigo esa dependencia, sin que mediara normativa alguna. El organismo ya cerró las oficinas que alquilaba en la calle Brasil y repartió su personal en la sede central de la AFIP. Allí trabaja hoy su titular, Emilio Eyras, un incondicional de Echegaray.
En Agricultura sólo quedan unas pocas personas y la Mesa de Entradas, para guardar las formas.
Desde hace un par de años, la ONCCA distribuye subsidios a empresas alimenticias por más de 3.000 millones de pesos. Decide quién puede exportar y cuánto; quién puede trabajar y cómo. Según expertos en la burocracia estatal, ninguna de esas funciones fue contemplada en el Decreto 1343/96, que le dio vida.
Allí se estableció que la ONCCA debía “fiscalizar el estricto cumplimiento de las normas de comercialización en el sector agropecuario, a fin de asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia”. Posteriormente, en 2005, el propio Néstor Kirchner firmó otro decreto dotándola de autarquía, pero que no modificó ni una coma de sus objetivos iniciales.
Ese segundo decreto, además, otorgó al organismo un plazo de treinta días para presentar “una propuesta de estructura organizativa”. Pero dicha estructura nunca fue aprobada y Echegaray instrumentó un esquema organizativo propio que tampoco tiene respaldo legal. Llega el absurdo burocrático al punto en que muchas resoluciones de la ONCCA se adoptan invocando dictámenes de una supuesta “Oficina Jurídica”, que en los papeles nunca fue creada.
Fuente: Clarín